La iniciativa electoral propuesta modificaría las leyes contra la crueldad animal para prohibir la descornadura, el corte de cola, la inseminación artificial, la caza y la pesca.
La petición de iniciativa popular (PI) 28, la Ley de Personas para la Eliminación de las Exenciones por Crueldad Animal (Ley PEACE), propone enmendar las leyes de Oregón sobre crueldad animal para eliminar ciertas exenciones relacionadas con el maltrato animal, la negligencia animal y la agresión sexual animal, ampliando así el abanico de actividades que conllevan sanciones penales.
Por ejemplo, la IP 28 busca eliminar la exención para las prácticas de "buenas prácticas de cría de animales", que incluyen el descornado del ganado, el corte de cola y la castración o esterilización.
Además, la medida redefiniría la agresión sexual criminal contra un animal de tal manera que "los productores ganaderos que dependen de la inseminación artificial y otras prácticas de manejo reproductivo" podrían enfrentar un proceso penal a menos que dichas prácticas sean realizadas por un veterinario, según el Centro Nacional de Derecho Agrícola (NALC).
La Asociación de Ganaderos de Oregón advierte que la iniciativa "pretende acabar con la producción animal en Oregón tal como la conocemos" prohibiendo actividades en el estado como la matanza y el procesamiento de animales, la inseminación artificial, el control de plagas y el uso de correas o sistemas de sujeción para animales.
La Oficina Agrícola de Oregón (OFB) añade que la Iniciativa Popular 28 “redefinirá drásticamente el maltrato animal en la legislación estatal al ilegalizar la matanza o las lesiones a los animales. Si bien la redacción puede parecer sencilla, las implicaciones son de gran alcance. La Iniciativa Popular 28 alteraría fundamentalmente las leyes de Oregón sobre maltrato animal, criminalizando actividades legítimas, necesarias y de larga data en la agricultura, la gestión de los recursos naturales y la vida cotidiana”.
OFB afirmó que, de aprobarse, la Ley PEACE “redefinirá la ‘agresión sexual’ para incluir las prácticas de cría rutinarias, lo que podría aplicar esta clasificación al ganado, las explotaciones equinas e incluso las mascotas. Esto expondría a agricultores, ganaderos, veterinarios, criadores y propietarios de animales a responsabilidad penal por prácticas estándar y humanitarias que son esenciales para la salud animal, la producción de alimentos y la gestión genética”.
“La aprobación de la Iniciativa Popular 28 convertiría de hecho a Oregón en un estado santuario donde no se permite matar ni dañar a los animales, eliminando la producción estatal de carne, lácteos y proteínas animales”, añadió la OFB.
La Asociación de Cazadores de Oregón afirmó que la Iniciativa Popular 28 "eliminará las exenciones legales que actualmente protegen la caza, la pesca, la captura de animales y la agricultura de las leyes de Oregón contra el maltrato animal", lo que convertirá la caza, la pesca, la captura de animales, la agricultura, la ganadería y la investigación científica en "actos delictivos según la ley estatal"; la medida también eliminaría los derechos de caza y pesca de las tribus y podría poner en peligro los casi 2.000 millones de dólares en actividad económica anual que generan las industrias de la caza y la pesca en el estado.
“La IP 28 criminalizará de hecho actividades comunes como la caza, la pesca, la ganadería, el control de plagas, la veterinaria y la agricultura”, añadió el Instituto de Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. “La IP 28 contempla penas de cárcel y multas, y somete a cazadores y pescadores a cargos por delitos menores y graves, simplemente por pescar o cazar animales silvestres como ciervos o patos”.
La medida incluye excepciones a las disposiciones sobre crueldad animal para "situaciones de legítima defensa" y acciones que los veterinarios realicen "en el ejercicio de su práctica profesional", explicó la NALC.
Los promotores de la iniciativa ya han reunido más de las 117.173 firmas necesarias para incluir la medida en la boleta electoral de noviembre de 2026, pero, según la NALC, las firmas deben ser verificadas primero por la Secretaría de Estado de Oregón. Se pueden seguir recogiendo firmas hasta el 2 de julio.
“Debido al amplio alcance de la medida y a las industrias que podrían verse afectadas, es probable que la Iniciativa Popular 28 siga siendo una iniciativa electoral muy seguida durante el ciclo electoral de 2026”, señaló la NALC.
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